Hace unos días participé en un seminario de la Universidad Central junto con organizaciones de la discapacidad para evaluar el avance en el cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral para personas con discapacidad, la que les exige a la empresas incorporar a lo menos el 1 % de personas calificadas con algún grado de discapacidad y a los servicios públicos que tengan más de 100 trabajadores.

Evaluamos que las cosas estaban marchando bien, que habían muchísimas personas que durante años habían buscado un empleo y que ahora estaban encontrando su espacio, que había toda una organización para capacitar y entrenar a la discapacidad para la inclusión laboral y que eso estaba en marcha, pero todos coincidieron en la existencia de una dificultad formal para que el servicio público, las municipalidades, el estado central y sus distintos servicios puedan aplicar la ley en lo que se refiere a la discapacidad mental que quedaba en una situación desmejorada respecto de las otras discapacidades producto de las exigencias formales del estatuto administrativo, que en el mundo municipal exige licencia de enseñanza media y en el estado central para labores administrativas también una certificación de enseñanza media o de básica completa para labores auxiliares. Se comprenderá la dificultad de tener certificación académica formal por parte de la discapacidad mental y en consecuencia lo que estamos haciendo, con un apoyo transversal de los diputados Pamela Jiles (PH), Natalia Castillo (RD), Marcelo Schilling (PS), Patricio Melero (UDI), Guillermo Ramírez (UDI), Miguel Ángel Calisto (DC), Fernando Meza (PR), Carlos Abel Jarpa (PR) y Alexis Sepúlveda (PR), es generar una excepción de manera que no se obligue a aquellas personas con discapacidad mental que ingresen por concepto de esta ley la exigencia académica que plantea el estatuto administrativo, es una modificación muy sencilla pero que le puede cambiar la vida a muchas personas porque si no vamos a avanzar muy rápido en la inclusión de las personas con discapacidad física y vamos a dejar atrás a las personas con discapacidad mental.

En el Congreso tenemos una experiencia muy positiva con la inclusión de personas con síndrome de Down que han desarrollado labores administrativas y auxiliares y lo hacen con brío, con alegría y contribuyen incluso a cambiar el clima laboral existente en esta institución y podrían hacerlo también en todas las instituciones públicas de Chile.